Los delitos contra la Administración Pública son aquellas conductas ilegales que cometen funcionarios, servidores públicos o incluso particulares cuando afectan el correcto funcionamiento del Estado. Incluyen, por ejemplo:
- el cohecho (recibir o dar sobornos)
- la colusión (ponerse de acuerdo para estafar al Estado)
- el peculado (apropiarse de bienes o dinero público)
- el tráfico de influencias.
En todos estos casos, el perjudicado directo es el Estado y, por consecuencia, toda la sociedad.
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