El derecho constitucional al debido proceso es la garantía que tiene toda persona para que, cuando se le somete a un procedimiento o juicio, este se realice respetando las normas establecidas, con un juez imparcial y dentro de los plazos y etapas que la ley señala. Asegura que nadie sea sancionado sin haber tenido la oportunidad de defenderse, presentar pruebas y ser escuchado. En el Perú, este derecho está reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política de 1993, que establece que toda persona debe ser juzgada con las debidas garantías y conforme a un procedimiento justo.