Las personas aforadas son aquellas que, por el cargo público que ocupan, cuentan con un fuero especial que les otorga una jurisdicción distinta a la ordinaria para ser investigadas o juzgadas. Esto significa que no pueden ser procesadas por jueces comunes, sino únicamente por órganos superiores como la Corte Suprema o el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, según el tipo de proceso. El aforamiento busca proteger la independencia de la función pública, evitando presiones indebidas, aunque no elimina la posibilidad de responsabilidad penal o civil.
Ejemplos en el Perú:
- Congresistas de la República, que solo pueden ser investigados y juzgados con autorización del Congreso.
- Ministros de Estado, por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
- El Presidente de la República, cuya acusación requiere procedimiento especial y está limitada a ciertos delitos.
- Jueces y fiscales supremos, que solo pueden ser procesados por la Corte Suprema.
- El Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, también sujetos a procedimiento especial.