Poner en crisis el nivel de sospecha del presupuesto significa cuestionar ante el juez la fuerza de los indicios que el fiscal usa para justificar un requisito de una medida (por ejemplo, la prisión preventiva), buscando demostrar que esos elementos de convicción no llegan al estándar exigido —que no hay sospecha grave o vehemente— sino uno menor (simple o razonable); en la práctica, la defensa señala vacíos, inconsistencias o ilegalidades de las pruebas para que el juez concluya que el presupuesto no se cumple y, por tanto, niegue, revoque o sustituya la medida solicitada.